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Cómo funcionaba la «pyme» de los gendarmes que cobraba coimas a los tours de compras

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“Por honra hagan poco con los milicos coimeros que nos sacan plata”. La denuncia anónima de un comerciante destapó una olla de corrupción policial que llevó a la calabozo a vigésimo integrantes de Gendarmería Doméstico Argentina. Los acusan de cobrar coimas a los tours de operación a Bolivia, para que no decidir cubiertas, indumentaria y juguetes, entre otras cosas.

El mecanismo de cuestación estaba tan aceitado que hasta aceptaban pagos por transferencias a una billetera aparente. La investigación, realizada en conjunto entre el fiscal genérico Eduardo Villalba, de la Pelotón Fiscal de Salta, y el fiscal federal Agustín Chit, de la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, demandó cerca de un año.

Se inició en septiembre de 2023 pero recién avanzó en las últimas semanas, a partir de una serie de allanamientos y 29 detenciones (nueve civiles, ocho gendarmes en Salta y doce en Tucumán).

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Los comerciantes apuntaron directamente contra miembros de Gendarmería Doméstico que prestaban servicios en los puestos de control ubicados en El Naranjo, en Salta, y Trancas, en Tucumán. Y dieron detalles de cómo funcionaba el maquinaria de cuestación, que con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en una suerte de “pyme”.

Uno de ellos, por ejemplo, señaló que los gendarmes le pidieron 50 mil pesos para que pueda advenir mercadería de contrabando. Como se negó, le labraron un reseña simple pero llamativamente no informaron la novedad a la fiscalía en turno.

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Estas exigencias de monises eran habituales en los micros de tours de operación que emprendían el regreso desde la ciudad de Orán, y aumentaban significativamente el valía en los dos puestos fronterizos, entre Tucumán y Salta.

En el puesto de El Naranjo, que pertenece al Escuadrón 45, fueron detenidos ocho efectivos. Se Encamina de los sargentos Matías Aranda, Rubén Rodríguez y Nelson Bautista; los lengua primero Pablo Méndez, Raúl Portillo y Olga Daiana Rodríguez; y los gendarmes Gustavo Pozo y María Laura Rodríguez.

Allí secuestraron de 6.179.380 pesos y 200 dólares. Ese monises estaba en el “ámbito de resguardo de los acusados. Eran billetes de desprecio denominación guardados en bolsos, mochilas o bolsas plásticas. Además hallaron fajos de monises ocultos en la manguita de armas, el yerbatero y hasta detrás de la mochila del baño.

De acuerdo a los voceros, los ocho efectivos salteños fueron procesados por los delitos de asociación ilícita en concurso actual con el delito de exacciones ilegales y por ser cometido en provecho propio. En el caso de los sospechosos que fueron arrestados en Tucumán, el fiscal Chit adelantó que esperará las indagatorias para delimitar la situación de los acusados.

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Una de las principales pruebas que tuvo en cuenta la fiscalía salteña para avanzar en el procesamiento de los ocho gendarmes surgió de un miembro de la fuerza que se presentó frente a sus superiores para denunciar a sus propios compañeros. Dijo que fue obligado a cobrar su parte de la cuestación y entregó ese monises para respaldar su traducción.

Según el fiscal, esa plata era producto del cobro de coimas que sus compañeros exigían a los tours de compras.

La maniobra se ejecutaba de dos modalidades. “En algunos casos, los sobornos se exigían directamente a los comerciantes que viajaban en sus vehículos particulares, mientras que, en otros casos, los pagos se acordaban con los coordinadores de los tours de operación y se hacían mediante transferencia a cuentas de familiares de los efectivos implicados”, explicó Chit.

En la audiencia imputativa, surgieron más datos que prueban lo aceitado que estaba el mecanismo.  La auxiliar fiscal Roxana Gual reveló que había “gendarmes que pagaban hasta 400 mil pesos a cambio de ser asignados en el puesto de El Naranjo”. No era para menos: el traslado podría significar un ingreso extra que en algunos caso podría conmover a duplicar el salario percibido en la fuerza de seguridad.

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El fiscal genérico Carlos Martín Amad, por su parte, estimó que los gendarmes “tenían una rendimiento de un millón de pesos por día”.  Adicionalmente, apuntó que las denuncias, tanto en la provincia de Salta como en Tucumán, son similares y dan cuenta de “un entramado de corrupción” adentro de la fuerza federal, de la que podrían conmover a formar parte los responsables de los destacamentos. Para avanzar en ese aspecto solicitó una serie de pericias a los teléfonos secuestrados, Múltiples de ellos iPhone, y requirió permiso para que se oriente el secretario fiscal de los imputados.

Los gendarmes, por su parte, no solo negaron cualquier vinculación con la red de cobro de coimas sino que adicionalmente desconocieron cualquier relación con los millones de pesos que fueron secuestrados en la dependencia donde prestaban servicio.

Según el caso, las defensas pidieron la excarcelación, el sobreseimiento y hasta el arresto domiciliario. De los ocho detenidos solo dos evitaron ir a la calabozo por el momento: el mandón Rodríguez y el lengua Méndez, quienes fueron beneficiados con prisión domiciliaria.

En su exposición final, el fiscal Amad respondió con ironía el hecho de que ningún policía se hiciera cargo del monises incautado: “Es como si algún filántropo o fortuna el Gran Bonete aparecieron y dejaron monises en bolsos y mochilas que solo los acusados podían tener camino”.

 

Fuego, droga y descontrol

El puesto de control de Trancas, en Tucumán, es uno de los puntos más confictivos. Allí trabajaban doce de los vigésimo gendarmes sospechados por el escándalo de las coimas.

En julio pasado, mientras avanzaba la investigación, se produjo un incidente tan estrambótico como violento. Los gendarmes interceptaron un micro que venía de un tour de compras que supuestamente evitó el control rutero de Trancas. Según la traducción oficial, en momentos que los pasajeros bajaban de la dispositivo para ser identificados el micro comenzó a incendiarse.

El diario La Revista de Tucumán reveló que una de las hipótesis del caso apuntaba a que podría tratarse de un incendio intencional porque supuestamente trasladaban droga.

Lo estrambótico es que los ocupantes de la dispositivo reconocieron que habrían pagado una coima en un control rutero precedente para que nadie los detuviera, otra señal que indica que el maquinaria de cuestación estaba activo en otros puestos de control, adicionalmente de los investigados.

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