Empresarios arrepentidos: la estrategia judicial tener penas menores
En la causa de los cuadernos de las coimas varios empresarios están apostando a la coartada según la cual el dinero que le dieron a Roberto Baratta era “para la campaña electoral” y no un soborno a cambio de un contrato de obra pública.
La coartada apunta a eventualmente ser condenados por el delito electoral de aportes ilegales, que tiene una pena máxima de 3 años de cárcel, y evitar una sentencia por lavado de dinero y asociación ilícita que tiene una condena de más de 6 años y quizás prisión de cumplimiento efectivo.
Además, si un empresario fuera condenado por lavado debería pagar una multa de 10 veces el valor del dinero aportado en los deliverys de coimas que se hacían en el Toyota Corolla del ex sargento Oscar Centeno.
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El fiscal electoral Jorge Di Lello está a la expectativa de ver que hará su colega Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio con Angelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero y Juan Carlos De Goycoechea quienes confirmaron que le entregaron dinero en efectivo al ex secretario de Coordinación de De Vido pero con la salvedad de que “era para la campaña”.
Es muy difícil que Stornelli y Bonadio acepten que su causa pase a un expediente por aportes electorales ilegales pero la jugada está planteada. También si tiene éxito con su coartada podrán acusar a Baratta de presionarlos y decir que fueron víctimas de una extorsión desde el gobierno K. Y todo sin considerar que desde 1983 a la fecha hubo un solo juicio por financiamiento ilegal de la política.
En contra de esta jugada es que en los cuadernos del ex suboficial hay pagos registrados en años pares mientras las elecciones son siempre en años impares.
Stornelli y Bonadio buscan, ahora pruebas, para comprobar que fueron sobornos pagados en las distintas etapas de una obra pública por la mina de río Turbio y las centrales termoeléctricas de Barragán y Brigadier López, entre otras.
El ex valijero Leo Fariña contó ayer en “La Cornisa” de Luis Majul que Lázaro Báez pagaba “entre un 10 y 15 por ciento” por el anticipo financiero para la obra, otro 10 por cada redeterminación de precios -la central térmica de Río Turbio que hizo Isolux tuvo 11 redeterminaciones de precios- y un 5 por ciento por el certificado de avance de obra de Vialidad y otro 5 por el certificado impositivo de la AFIP. Un verdadero festival de coimas.
