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Condenaron a ex directivos de Ford por delitos de lesa humanidad

Por primera vez en la historia de los juicios de lesa humanidad, fueron condenados empresarios relacionados a multinacionales como Ford. En 1976, bajo la dictadura militar, la fábrica de General Pacheco funcionó como un Centro Clandestino de Detención y Tortura.

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Juicio histórico: condenaron a dos ex empresarios de Ford por el secuestro y tortura de obreros

Por primera vez en la historia, la justicia condenó a ex empresarios de una multinacional como Ford, acusados de ser cómplices del secuestro y tortura de varios obreros. En ese fallo inédito, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín terminó condenando al ex jefe de la Manufactura de la planta, Héctor Sibilla y también a Santiago Riveros, extitular de Institutos Militares del Ejército.

Las penas fueron de 10 y 12 años, cuando la querella pedía más de 25. De todas formas, significó un antes y un después en las condenas relacionadas a las causas de lesa humanidad, ocurridas en la última dictadura militar.

El fallo demostró la participación de civiles y empresarios en el secuestro y tortura de 24 obreros de la planta de Ford en General Pacheco, lo cual la ubicó como otro Centro Clandestino de Detención y Tortura que funcionó en la dictadura cívico-militar.

Los mimos permanecieron entre 30 y 60 días desaparecidos en el interior de la empresa. Luego fueron “blanqueados” y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

«Nos levantaron en camionetas de la empresa y nos torturaron adentro del predio de la fábrica», dijo para la Agencia Paco Urondo, Pedro Troiano, obrero detenido en 1976.

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En la causa, que llevó varios años trabada, faltaron las condenas a Nicolás Courard, ex presidente de Ford en Argentina y de Guillermo Galarraga, ex gerente de relaciones laborales. Ambos murieron antes de recibir una pena.

«El 7% de los civiles acusados por delitos de lesa humanidad son empresarios. La dictadura fue la oportunidad que vieron algunos directivos de empresas para resolver de manera represiva los conflictos laborales y aumentar sus ganancias.

Pusieron a disposición de los militares recursos materiales, como autos e instalaciones, dieron listas de personas, y de esa forma pasaron a ser un eslabón más en la estructura del terrorismo de Estado», expresó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

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