El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó ayer que después de las elecciones del domingo 22 habrá aumentos en las boletas de agua, luz y gas, como estaba previsto por «audiencia pública», aunque consideró que calificar esos incrementos de «tarifazo es una percepción subjetiva».
Tras destacar que «los porcentajes» de los aumentos serán «mucho más bajos que los del año pasado», Peña afirmó que «lo que no hay es sorpresa», sino «lo que hemos planteado, que es un camino gradual de ordenamiento del sistema tarifario para lograr que todos los argentinos tengan conexiones de gas y luz y que haya inversión».
Durante una entrevista radial, el funcionario indicó: «lo que es correcto es que hay una audiencia pública del año pasado que estableció un cronograma tarifario que incluye un camino gradual de modificación tarifaria, pero eso ya fue anunciado y avisado hace tiempo. Tarifazo es una percepción subjetiva».
En esta línea, el funcionario señaló que «no hay ninguna posibilidad de un escenario de caída del salario real y de impacto fuerte; el año que viene es de crecimiento y de generación de empleo».
Ya está decidido que en noviembre un aumento en las tarifas de Edenor y Edesur que estará entre 14 y 16%, debido a la aplicación de la segunda fase de la suba prevista en la revisión tarifaria integral de los márgenes de las dos distribuidoras. A esto se sumará el ajuste por índices de precios y salarios sobre lo que perciben esas prestatarias, calculado desde febrero a octubre, por lo cual a suba total se ubicaría en el 20%.
El aumento en electricidad sería mayor si el gobierno resuelve también un ajuste en el precio estacional o mayorista de la energía, y si así fuera, tendría impacto en las facturas eléctricas de todo el país, no solo en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
En diciembre, habrá también un alza en gas que se estima en más del 40%. Este ajuste que tiene alcance nacional incluye un nuevo escalón del cronograma fijado en dólares para el precio del gas en el punto de entrada al sistema de transporte; la segunda fase de la revisión tarifaria integral para transportistas y distribuidoras del producto, y el ajuste por el índice de precios mayoristas sobre los márgenes de esas empresas entre abril y noviembre.
Por otra parte, a partir del 1 de noviembre, AySA, la única empresa de agua y saneamiento en la que tiene participación el Estado nacional, cambiará el criterio de facturación para los usuarios residenciales que tienen medidor (un 12% del total). El cambio consistirá en una nueva fórmula para fijar la tarifa: habrá un cargo fijo y después se pagará por metro cúbico consumido, no ya por cantidad de metros cuadrados. Esto significará una suba en la factura para los que tienen propiedades de menos metros cuadrados y hacen un consumo medio o alto del agua.
Por último, a partir de la semana posterior a las elecciones habrá un aumento en los combustibles que se estima en un 10% para las naftas y entre un 7 y 8% para el gasoil.
Como dijo Peña, las alzas en las tarifas ya se discutieron en audiencias públicas, por lo cual en febrero habrá un nuevo aumento para transportistas eléctricas y para Edenor y Edesur, y en abril otro para las empresas que transportan y distribuyen gas, además de los ajustes por índices de precios que de ahora en más, se aplicarán todos los semestres.
Para el valor mayorista de la energía, habrá un incremento ya decidido en febrero para lo cual antes, el Ministerio de Energía debe hacer una audiencia pública. Para el gas, el cronograma de ajuste en dólares está establecido hasta 2019 (y hasta 2022 para la Patagonia y otras regiones frías), pero se realizará una audiencia a mediados de noviembre, y otra cada seis meses, antes de que se autorice un nuevo escalón.
