Denuncian a empresas por los abusos en sus facturas
Los entes reguladores de electricidad y gas se vieron obligados a intervenir tras las numerosas denuncias de clientes residenciales, del comercio y de la industria por aumentos desproporcionados en las facturas de esos servicios.
Los principales denunciados fueron Edenor, Edesur, Metrogas y Litoral Gas, que aplicaron subas desmedidas a sus clientes «Esos abusos surgieron por la suspensión de la factura presencial de los medidores para reemplazarlas por estimaciones, tanto a usuarios residenciales como a los comercios e industrias», explicó Héctor Polino a este diario.
Las quejas de los usuarios muestran que de un mes al otro se pasó de 1000 a 10.000 pesos en los casos más extremos.
Según el titular de la entidad Consumidores Libres, «el ENARGAS primero y luego el ENRE tomaron rápida intervención ante las denuncias por sobrefacturación en servicios de gas y electricidad».
Polino explicó que «una de las resoluciones obliga a las empresas a reintegrar a los usuarios los importes cobrados de más». «También se obligó al ENARGAS a habilitar aplicaciones para que los usuarios, bajo declaración jurada, puedan remitir a las empresas la lectura correcta de medidores», dijo el especialista que agregó que se dictó otra resolución que dice que las prestadoras deben utilizar el menor registro de consumo correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019.
«Esto es lo que está vigente para las distribuidoras de gas natural, que son de jurisdicción nacional, Edenor y Edesur, de energía eléctrica. Las provincias, tienen que dictar resoluciones para las empresas de su jurisdicción», aclaró en diálogo con este diario.
La explicación al cambio de modalidad de lectura de los medidores es que tanto Enargas como Enre autorizaron a las prestadoras a estimar los consumos en base a sus registros históricos, debido a que en el marco de la cuarentena el Gobierno resolvió no incluir a los trabajadores de esas empresas como prestadores de un servicio esencial.
Por otro lado, en el Enargas y el Enre aseguraron que están incluyendo en la prohibición de cortes de servicio a clientes de gas y luz que en principio no estaban amparados por el decreto del Gobierno que otorgó el beneficio.
Los clientes con ingresos superiores a dos salarios mínimos que en la norma oficial es el límite para acceder al beneficio- pueden justificar su situación económica y solicitar que no le corten la luz y el gas por falta de pago, por un lapso de 180 días.
