Fijan límites a las prisiones preventivas y podrían beneficiarse exfuncionarios y empresarios detenidos

Una comisión bicameral ordenó que se apliquen los artículos del nuevo Código Procesal Penal que fija límites para esas decisiones judiciales.

Fijan límites a las prisiones preventivas y podrían beneficiarse exfuncionarios y empresarios detenidos

Una comisión bicameral del Congreso ordenó que entren en vigencia los artículos del nuevo Código Procesal Penal que fija límites a las prisiones preventivas, lo que podría beneficiar a varios ex funcionarios y empresarios detenidos bajo esa modalidad.

Así, el fiscal o la querella podrán pedirle al juez el dictado de una prisión preventiva únicamente cuando otras nueve medidas de coerción, menos lesivas, “no fueren suficientes para asegurar” el proceso.

Entre esas medidas se incluye la promesa del acusado de que no se va a fugar hasta prohibiciones de asistir a determinados lugares y la vigilancia con medios electrónicos, como una tobillera. En la actualidad, la prisión preventiva se usa cuando se cree que el implicado se puede fugar o entorpecer la investigación.

La novedad llega luego de que el presidente electo, Alberto Fernández, hablase durante la campaña presidencial de un “abuso” del recurso de las prisiones preventivas. Incluso desde el macrismo hubo una reflexión similar: el ministro de Justicia, Germán Garavano, también las cuestiona.

Junto con las otras novedades que trae el Código, que fue sancionado por el Congreso a fines de 2018 y que se aplica progresivamente, también aparece la conciliación penal y el principio de oportunidad, que habilita a la fiscalía a no impulsar investigaciones por “hechos insignificantes”.

La conciliación permite que el imputado y la víctima lleguen a un acuerdo en casos de delitos “con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas” o de “delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte”.

La resolución del Congreso pone en vigor también nuevos derechos de las víctimas, como ser escuchadas “antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal”.