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La justicia de Ecuador pidió la captura del ex presidente Rafael Correa tras dejar en firme la condena por corrupción

La justicia de Ecuador ordenó el miércoles la captura del expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica, tras dejar en firme la condena a ocho años de prisión por corrupción.

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La justicia de Ecuador pidió la captura del ex presidente Rafael Correa tras dejar en firme la condena por corrupción

La justicia de Ecuador ordenó el miércoles la captura del expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica, tras dejar en firme la condena a ocho años de prisión por corrupción, informó el tribunal que dictó la sentencia en su contra.

La resolución judicial dispone que se ejecute el fallo, confirmado en última instancia hace dos semanas, el cual incluye la inhabilitación de por vida de Correa a desempeñar cargos de elección popular cuando el exmandatario aspira a participar en los comicios de febrero.

El pasado 7 de septiembre, la justicia de Ecuador confirmó la condena por corrupción contra Correa, inhabilitándolo de manera definitiva a participar de las elecciones presidenciales de 2021.

Correa criticó duramente la medida apenas esta tomó estado público: “Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia “definitiva” para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer”, expresó en su cuenta de Twitter.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ecuatoriana rechazó con su veredicto la última instancia legal a la que Correa podía recurrir para que se anule la sentencia a 8 años de prisión en su contra, dictada en abril.

De esta manera, confirmó que el ex mandatario, procesado en ausencia al encontrarse este en Bélgica, recibió al igual que varios de sus colaboradores sobornos de distintas empresas a cambio de contratos públicos. La fiscalía lo acusó de liderar una “estructura jerárquica” para captar fondos de empresas contratistas del Estado por más de USD 7,5 millones.

Entre ellas se encuentra la constructora brasileña Odebrecht, investigada en numerosos países latinoamericanos por haber incurrido en prácticas de esa naturaleza.

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