Según trascendió en las últimas semanas, y también quisieron imponer en agenda tras la gestión del Ministerio de Energía a la audiencia pública por los aumentos de las tarifas eléctricas para Buenos Aires y el Conurbano en 2017, el Gobierno dejó trascender que están avanzado en un operativo de contingencia por los cortes en el suministro eléctrico prevista para diciembre.
Desde septiembre, representantes de la cartera que dirige Juan José Aranguren conformaron una mesa común con pares del Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Gabinete para definir el abanico de respuestas del Ejecutivo frente al recrudecimiento de la crisis del servicio eléctrico que –tal como sucede los últimos años– se intensificará en los meses de calor.
La estrategia del Ejecutivo tiene dos grandes patas: la energética y la relativa al área de seguridad, según indicaron al diario Perfil, que publicó esta nota en su edición papel, en el primer caso, se apunta a contar con la mayor cantidad de centrales de generación disponibles para cubrir los picos de consumo que se registran entre diciembre y febrero. En ese sentido, el Ministerio de Energía sigue de cerca un plan de mantenimiento en plantas por 4 mil megawatt (MW) de potencia eléctrica, equivalentes a un 15% del parque de generación total, que deberá estar concluido en diciembre.
Se espera que la demanda supere los 26 mil MW. El récord histórico es de 25.380 MW, registrado en febrero de este año. En ese caso, habrá que operar con toda la generación disponible. “La idea es bajar al máximo la indisponibilidad de máquinas termoeléctricas por problemas técnicos. Por eso, se programaron mantenimientos en equipos por 4 mil MW que estarán listos a fines de noviembre”, explicó el presidente de una de las principales generadoras, entre las que figuran Pampa Energía, Sadesa (Central Puerto), Enel, AES y Albanesi.
El Ejecutivo facilitó la importación de repuestos e insumos que estaban demorados en la Aduana, a fin de viabilizar la reparación de algunas centrales, como por ejemplo Costanera, la mayor planta termoeléctrica del país operada por Enel.
Obejtivo spiracional
La aspiración del Gobierno es mantener la paz social para poder en 2017 continuar con el plan de aumento de tarifas. Para ello, de mínima, buscará evitar cortes programados como los que se vio forzado a implementar durante dos días en febrero de este año.
En la mesa tripartita, los técnicos de Energía aseguraron que no es necesario instalar de antemano la idea de que habrá restricciones programadas como las que se aplicaron en 1988 por serios problemas en el área de generación. “Según ellos, si no se producen fallas severas, existe suficiente respaldo para cubrir la demanda”, confiaron al matutino fuentes cercanas a la ministra Patricia Bullrich.
En el área de Seguridad, la coordinación corre por cuenta de Daniel Russo, subsecretario de Protección Civil, que está a cargo de diseñar los planes de contingencia –junto con Osvaldo Rolando, su par de Generación y Distribución Eléctrica– para evitar desmanes en barrios afectados por falta de electricidad. “Sabemos que hay localidades, en especial en el Conurbano, donde es muy importante que reforcemos la seguridad si se extienden los cortes de luz. Estamos trabajando en un mapa de las zonas más conflictivas”, señalaron allegados a Bullrich.
Lo que está claro es que al accionar del Gobierno se concentra en el segmento de generación y en materia de seguridad. En el área de distribución eléctrica –el eslabón más precario del sector eléctrico– no hay mucho por hacer. “Las compañías han aumentado su inversión, pero es imposible resolver el nivel de deterioro de las redes en un año”, coincidieron la mayoría de las distribuidoras consultadas. En promedio, un usuario residencial de Buenos Aires sufre restricciones por 36 horas en el año, seis veces más que en Chile. Por eso, si el calor se sostiene durante varios días –la clave es que la temperatura baje por debajo de los 20 grados para que los cables se enfríen–, las fallas se repetirán.
La apuesta del Ejecutivo es sumar algunos proyectos de generación. Y echar mano al mayor volumen de energía importada disponible: traer hasta 1.500 MW desde Brasil, 500 MW de Uruguay y 200 MW desde Chile.
