El Senado convirtió en ley, pasada la medianoche, el proyecto del Ejecutivo que abre las puertas al pago a los llamados fondos buitre, al aprobarlo "en general" por 54 votos a favor y 16 en contra.
La iniciativa del Gobierno, a la que se añadieron inserciones, contó con el respaldo mayoritario del opositor bloque del Frente para la Victoria, alineado con sus gobernadores.
Esta ley fue posible gracias al voto positivo de casi la totalidad de la oposición y en especial del sector del PJ-FpV alineado con los gobernadores de ese signo político.
El proyecto fue aprobado, luego de trece horas de debate, en general por 54 votos positivos (23 de ellos aportados por el PJ-FpV, más sus 2 aliados del PJ-La Pampa y la senadora del partido Renovador Salteño María Fiore Viñuales, quien armó bloque propio aunque ingresó al Senado por la lista del FpV); 16 en contra, de los legisladores kirchneristas, sobre un total de 70 legisladores presentes, incluido el riojano Carlos Menem.
Estuvieron ausentes la legisladora de la CC-ARI Magdalena Odarda, quien declaró problemas de salud, y el jefe del Proyecto Sur, Fernando Solanas, quien se había pronunciado en contra del proyecto pero se tuvo que retirar porque debía viajar a los Estados Unidos).
En contra votaron algunos peronistas como la kirchnerista santacruceña María Ester Labado, su coterránea Virginia García (cuñada de Máximo Kirchner, jefe de La Cámpora), la mendocina Anabel Fernández Sagasti, la chubutense Nancy González, las riojanas Teresita Luna e Hilda Aguirre, la rionegrina Silvina García Larraburu, la santafesina María de los Angeles Sacnún, la correntina Ana Almirón y la chaqueña María Pilatti de Vergara.
A esa lista se suman los senadores del PJ-FPV como el bonaerense Juan Manuel Abal Medina (presidente de la comisión de Presupuesto), el sanjuanino Ruperto Godoy, el puntano Daniel Pérsico, el chaqueño Eduardo Aguilar, el chubutense Mario Pais y el neuquino Marcelo Fuentes.
Al cierre, cerca de medianoche, el jefe del bloque PJ-FPV, Miguel Pichetto, reconoció la división del peronismo en este tema pero fue uno de los que mejor defendió el proyecto oficial, incluidos algunos oficialistas, pero terminó su intervención con una andanada: "Quiero hacer un pedido: Pídanle la renuncia al Procurador del Tesoro (Carlos Balbín), porque el gobierno necesita de gente valiente. Derivó todo a los abogados de Estados Unidos", dijo.
Pero el radical Angel Rozas, como jefe del interbloque Cambiemos, defendió al Procurador de origen radical, de quien opinó que es "un funcionario competente", y celebró que el presidente Mauricio Macri lo haya designado en el cargo, aunque Balbín fue cuestionado desde distintos sectores durante la audiencia de la comisión por no haber emitido un informe escrito sobre los peligros de litigiosidad.
Por su parte, el radical mendocino Julio Cobos fue el miembro informante del oficialismo y el encargado de defender, como vicepresidente de la comisión de Presupuesto, el proyecto en cuestión, y aseguró que el pago a los hold-outs no genera "nueva deuda". Luego, indicó que el Gobierno "está haciendo todo lo posible para cumplir con la sentencia judicial" para sacar al país del default, y aseguró que -pese a existir el plazo del 14 de abril para efectuar el pago de 11.684 millones de dólares- "los tiempos los ponemos nosotros", para luego precisar que si todos los bonistas aceptasen la oferta argentina, se terminará pagando un interés de 4,8 por ciento, una tasa menor que el 7 por ciento que se le pagó al Club de París.
La camporista Virginia García, al rechazar la iniciativa oficial, dijo comprender el voto a favor de muchos senadores incluso del peronismo porque "muchas provincias han recibido asistencia financiera" del gobierno nacional, pero advirtió que "Santa Cruz no estaba en ningún decreto de asistencia financiera".
Su coprovinciana Labado, autora de un dictamen de minoría contra el acuerdo que firmó también Godoy, recordó que "el 93 por ciento (de la deuda) lo reestructuró el gobierno de Néstor y Cristina (Kirchner)" y dijo que "los juristas que pasaron", por la ronda de consultas realizada en el Senado, "dijeron que sí" es probable que los bonistas que aceptaron los canjes de títulos anteriores inicien acciones legales contra la Argentina.
La chubutense Nancy González había advertido que "si esto sale mal, no será solo culpa del Poder Ejecutivo, sino de todos aquellos que pongan el dedo por la afirmativa".
DyN
