La convocatoria se viene realizando los segundos miércoles de cada mes desde 2019, pero el asesinato de Úrsula en Rojas, la joven de 18 años que fue degollada y acuchillada con más de 13 puñaladas por su ex pareja, reavivó el dolor y la furia de la sociedad, agobiada por la falta de respuestas.
“Sigo poniendo un plato en la mesa para mi hija, no puedo acostumbrarme a no tenerla. No la voy a poder sacar del cementerio. Mi lucha es para las que están vivas. Estoy en esta plaza para exigir respeto por todas las víctimas de femicidio. Estamos rodeados de corrupción. El sistema judicial tiene que hacer algo. Es lamentable tener que llorar a otra criatura, una muerte que podría haberse evitado. No creo en la justicia”
le dice -entre lágrimas- a Clarín Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Funes, a quien le arrebataron la vida el 27 de abril de 2017 en José León Suárez.
Señales que nadie escucha. Distancias perimetrales que no se cumplen. Medidas de protección que se niegan. 44 vidas de mujeres, de todas las edades y diferentes puntos geográficos, destrozadas en los 41 días que van del año, según revela el observatorio Lucía Pérez. La Ley Micaela no es un slogan, capacitar en perspectiva de género implica erradicar desigualdades de poder.
“Vengo de la fiscalía cansada de pedir justicia. Cansada de que el poder judicial nos pisotee. Cansada de no tener a mi hija desde hace 4 años. Cansada de la falta de perspectiva de género. Le juré justicia el día en que cerré el cajón y hoy se me parte el corazón. El Estado está sordo y ciego. No es fácil enfrentar a un poder corrupto. La mayoría de los casos quedan impunes. No queremos más familiares de víctimas en esta plaza”, desahoga su dolor Marisa Rodríguez, la madre de Luna Ortíz, la joven de 19 años que fue abusada, drogada y asesinada el 3 de junio de 2017 en Tigre.
Desde el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” alertan que se produce 1 femicidio cada 25 horas. “Del total de víctimas en lo que va de 2021, 5 habían realizado al menos una denuncia previa, sólo 3 tenían medidas de protección y 4 agresores pertenecían a las fuerzas de seguridad. En este contexto es urgente el compromiso de las autoridades para romper con las prácticas machistas dentro y fuera de las instituciones. Ningún organismo del Estado puede defender ni pasar por alto que un miembro tenga antecedentes de violencia, sobre todo si su función implica tener un arma de fuego a disposición”, denuncian en un comunicado.
Úrsula, de 18 años, había denunciado por violencia de género a Matías Ezequiel Martínez, de 25, y como ella otras mujeres habían señalado al oficial de la Policía bonaerense: el hombre está acusado de violar a una nena con discapacidad y de intentar asesinar a una ex pareja.
El caso de Úrsula las amenazas se convirtieron en femicidio. Su familia y amistades reclaman justicia, y saber por qué la Policía y el personal de la Comisaría de la mujer de Rojas no tomó la denuncia por violencia de género presentada por la adolescente el viernes pasado tras la enésima vez que Martínez rompió la orden de restricción.
La explicación de las autoridades, que nunca hicieron el seguimiento de la orden de restricción ni le dieron botón antipánico a Úrsula, fue que como era viernes el juzgado de Paz de Rojas, a cargo del juez Luciano Callegari, no estaba en funcionamiento, y que por eso no tenía sentido presentar la denuncia. La adolescente fue asesinada poco después.
