Alberto Fernández anuló por DNU la intervención y la expropiación de Vicentin

La decisión del Presidente se da solo un mes y medio después del anuncio realizado en la Casa Rosada.

Alberto Fernández anuló por DNU la intervención y la expropiación de Vicentin

El Presidente Alberto Fernández firmó un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia en el que anula la intervención y expropiación de la cerealera Vicentin.

La decisión del Presidente se da solo un mes y medio después del anuncio realizado en la Casa Rosada. Desde el Gobierno alegaron que la determinación se debe a las distintas trabas y dificultades presentadas por la empresa.

El DNU será publicado en las próximas horas y permitirá que la situación continúe en vías judiciales con el proceso legal iniciado en la provincia de Santa Fe. El proyecto de ley jamás llegó al Congreso de la Nación.

“Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, explicó el Presidente a través de Twitter.

“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”, remarcó Fernández en las redes sociales. Y agregó: “La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”.

“En estas condiciones no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, insistió el jefe de Estado, que aseguró además que dio instrucciones a “todos los organismos públicos involucrados” para que lleven adelante acciones civiles, comerciales y penales para “preservar los intereses del Estado”.